El gobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, se reunió con los padres de la menor wayuu asesinada por dos jóvenes wiwa, con el fin de atender los requerimientos de los familiares de la víctima y hacer acompañamiento en el caso.
La menor wayuu Yamiletzi Uriana Ipuana, de 14 años, fue violada y asesinada en febrero pasado por dos hermanos indígenas wiwa, uno de estos menor de edad, quienes se allanaron a los cargos sobre los que se le acusaba.
El pasado sábado, familiares de la víctima bloquearon la vía que de Riohacha conduce al municipio fronterizo de Maicao, después de que el caso de la menor fuera publicado en medios nacionales. Tras la protesta, el secretario departamental de Gobierno, Wilson Rojas, se comprometió en convocar una reunión con el gobernador y autoridades competentes para hacer seguimiento al caso.
En la reunión fueron aclaradas las inquietudes y reclamos de los familiares de la niña asesinada, quienes indicaron durante la protesta que funcionarios del ICBF habrían mencionado en un programa de televisión de cadena nacional que Yamiletzi Uriana se desempeñaba como prostituta. El programa fue visto y escuchado durante la reunión por el gobernador y demás asistentes, que pudieron constatar que hubo malinterpretación por parte de los padres de la menor.
Sin embargo, los padres de la víctima piden reparación por lo que han padecido durante los últimos meses, por lo que el secretario departamental de Gobierno les sugirió tener en cuenta los servicios que ofrece la Defensoría del Pueblo, que puede proporcionarles un abogado de manera gratuita con el objetivo de que reclamen su derecho a recibir indemnización por parte de la familia de los victimarios.
Para el próximo 10 de septiembre a las 3 p. m. en el Palacio de Justicia de Riohacha está prevista la audiencia condenatoria de los dos implicados en el hecho. El menor de edad sería condenado a una pena no mayor a ocho años, de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia; mientras que el mayor, Eugenio de Jesús Villalobo Mindiola, recibiría una condena de hasta más de 40 años.
El gobernador aseguró que la comunidad recibirá atención especial de la Administración Departamental y otras instituciones, con el fin de que sus necesidades sean atendidas. Pidió además al ICBF visitar la zona en la que habitan y evaluar en qué condiciones se encuentra para que se estudie la implementación de programas y estrategias encaminadas a guiar el desarrollo de niños y adolescentes.
A la reunión convocada por la Gobernación de La Guajira asistieron los secretarios departamental de Gobierno y Asuntos Indígenas, Wilson Rojas Vanegas y Rosa Valdeblánquez, respectivamente, además de miembros de la Dirección Regional del ICBF, la Fiscalía y la Policía.