Por su parte, el Senado de la República negó la licencia no remunerada por dos meses que este había solicitado para su defensa, mientras que la Fiscalía pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrir investigación al magistrado.
Este nuevo caso de corrupción, también conocido como “Fidupretelt”, es un caso de peculado por regalías pertenecientes al departamento de Casanare, en el que se involucra al magistrado quien habría recibido sobornos para interceder en el fallo de una tutela a favor de la firma Fidupetrol. Las acusaciones se dan a conocer luego de que el abogado Víctor Pacheco acusara al magistrado por pedirle 500 millones de pesos para favorecer a dicha firma luego de que la Corte Suprema de Justicia condenara a esta fiduciaria a pagar 22.500 millones.
El millonario fallo se remonta al año 2013 cuando el entonces gobernador del Casanare, Whitman Herney Porras Pérez, fue recluido en la cárcel La Picota por desfalcos en las regalías petroleras; esto permitió que Fidupetrol invirtiera el dinero de las regalías del departamento en esta fiduciaria.
Las denuncias de Pacheco, quien en el momento ejercía como abogado de la firma, señalan que en una reunión privada en su casa el magistrado le sugirió que él podría intervenir de manera favorable a Fidupetrol, pues aprovecharía su amistad con su par de la Corte, Mauricio Gómez, quien tenía en su poder la decisión del fallo. Según Pacheco, Pretelt le solicitó 500 millones para cerrar el acuerdo. Ante estas acusaciones, Pretelt se ha declarado inocente y citó de manera extraordinaria a la sala en pleno para debatir frente al asunto. Desde el Gobierno Nacional se delegó al ministro de la presidencia Néstor Humberto Martínez, quien solicitó a la Comisión de Acusación acelerar el proceso de investigación y esclarecer el asunto.
Seguido de este caso de corrupción, se sumó el que dio a conocer Noticias Uno el pasado 12 de marzo, donde se formularon nuevas denuncias contra el magistrado por injerencia directa frente al proceso de contratación en la Fiscalía seccional Córdoba, presuntamente por un nuevo caso de tráfico de influencias. También la directora de Fiscalías de Córdoba, Gilma Londoño, se vio involucrada en este suceso y fue declarada insubsistente, pues es acusada de borrar el historial del proceso de contratación de 2014 para posteriormente solicitar las vacantes y hacer las asignaciones a dedo de estos cargos que quedaban libres.
Sobre la trayectoria de Pretelt se sabe que tiene una estrecha cercanía con el entonces presidente y ahora senador Álvaro Uribe, quien para el año 2005, lo propuso para el cargo de Fiscal General de la Nación. En el año 2009, luego de perder dicha elección, se lanza de nuevo como candidato siendo esta vez elegido como magistrado de la Corte Constitucional. Dicha elección fue muy polémica, pues su perfil no era el más idóneo para aspirar al cargo ya que presentaba baja producción académica y no tenía el título de doctorado (en el momento es candidato a doctor) y tampoco era experto en derecho constitucional. Al parecer su mayor cualidad fue ser aliado de Uribe. Es de resaltar que el magistrado Pretelt fue uno de los que dio su voto a favor a la propuesta de habilitar un segundo periodo de elección presidencial en donde Uribe fue reelegido.