Amylkar D. Acosta M (2)
El tema escogido por el doctor Diego Otero Prada para presentar y sustentar ante la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE) con miras a su ingreso como Miembro de Número de la misma y así cumplir con uno de sus requisitos estatutarios, no puede ser más pertinente y oportuno. Se trata de la venta de ISAGEN, ya que el Gobierno Nacional insiste con terquedad aragonesa en la venta del 57,61% de su participación en dicha empresa, porcentaje este que le da el control sobre la tercera empresa generadora en importancia del país, después de EPM y EMGESA, la primera oficial y la segunda privada.
EL CAMBIO DE PARADIGMAS
Resulta de la mayor importancia el enfoque de Otero al abordar el análisis de esta decisión, al contextualizarla remitiéndonos a sus antecedentes y sus consecuencias. Nos remite el autor al cambio de paradigmas que se surtió en Colombia y en Latinoamérica en la década de los 80 del Siglo XX, más conocida como la “década perdida” para la región, que precedió al llamado Consenso de Washington que terminaron imponiendo los organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial y el FMI) a estos países para tener acceso al mismo. Así fue bautizado por parte del economista John Williamson en 1989 la receta Neoliberal para dizque superar la crisis financiera que abatió a la economía latinoamericana. De su decálogo se resaltan tres aspectos fundamentales, que a manera de cartabón son de la quintaesencia de este nuevo modelo que vino a disputarle el lugar que venía ocupando el modelo propio que inspiró en su momento desde la CEPAL el economista argentino Raúl Prebisch. Son ellos: la desregulación de la economía, la libertad cambiaria y la privatización a ultranza de lo público.
Luego, la nueva Constitución Política expedida en 1991 allanaría el camino a las llamadas eufemísticamente reformas “estructurales”, encaminadas a la implementación de las políticas que se derivaron de dicho “Consenso”. En la propia Constitución se le abrió el camino al sector privado para que este incursionara como prestador de los servicios públicos que hasta entonces estaban reservados al Estado. Luego vendrían las leyes 142 (servicios públicos) y 143 de 1994 (Ley eléctrica) que desarrollan los principios consagrados en la Carta, quedando el poder regulatorio del Estado como la única trinchera para la defensa de lo público frente al interés privado, que no siempre consulta el interés general. Este ha permitido, en mayor o menor medida, salvaguardar el interés público, impidiendo que se impusiera el mercado como una especie de deux ex machina de la Teodicea, que es lo que han pretendido supersticiosamente los fundamentalistas del credo Neoliberal. Empero, quienes aún seguimos defendiendo el papel imprescindible del Estado, sin que se confunda su intervención con el intervencionismo, estamos convencidos de que el Estado debe seguir interviniendo cada vez que sea necesario, para que el mercado funcione apropiadamente.
LA FIEBRE PRIVATIZADORA
Desde luego el sector minero – energético no ha escapado a la fiebre privatizadora que abrazó a los dómines de la política económica en nuestro país. Como lo afirma Otero, lo único que ha cambiado de entonces a hoy son los argumentos que se esgrimen para justificar los procesos de enajenación de las empresas estatales o, como en este caso, de sus participaciones accionarias en empresas mixtas. Y no podía ser de otra manera, pues en casos como el que nos ocupa no se podía apelar al socorrido expediente del Estado como pésimo administrador o la politización y clientelización de la empresa y mucho menos que esta sea ruinosa para el Estado. Por el contrario, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas se ha tenido que rendir ante la evidencia de que ISAGEN “es una empresa sólida y eficiente”(3) .
CAMBIAR UN ACTIVO POR OTRO: UNA FALACIA
Ahora se aduce que la venta de su participación en ISAGEN, que es de las pocas joyas que le van quedando a la Corona, se justifica porque, según el Ministro Cárdenas “en este caso nosotros queremos es convertir un activo en otro (4) . Ni siquiera se trata de un caso, como se ha alegado en otras oportunidades, de vender el activo para tapar el hueco fiscal que se agranda ahora por cuenta de la destorcida de los precios del petróleo, el carbón, el oro y el ferroníquel. No, de lo que se trata ahora, según el Gobierno, es que movilizando “un activo y unos dividendos hacia el sector de la infraestructura se genera valor y muchos empleos”(5) . Pero ello entraña una falacia, pues en últimas los $5.2 billones a los que se aspiraba recibir por la venta (ahora será 33.5% menos, por cuenta de la devaluación galopante), dicho por el mismo, irían “a un Fondo de Infraestructura Nacional cuya única finalidad es realizar los aportes de la Nación a proyectos que muy pronto serán licitados por parte de la ANI” (6) . Así de claro lo deja Otero en su trabajo!
Desde luego que, como lo ha dicho el Ministro Cárdenas, hay “un consenso acerca de la necesidad de solucionar el cuello de botella que representa el atraso en la infraestructura de transporte”(7) . Quién lo duda. Pero, como ya quedó dicho, el destino de los recursos de la venta no es la solución de este “cuello de botella”, sino a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), para que esta a su vez financie a los desarrolladores de los proyectos de las 4G. Por lo tanto la comparación en cuanto a la rentabilidad financiera que procede no es entre la que presuntamente se obtendría de la inversión del valor de la venta de ISAGEN en la modernización vial (18.36%) y el 10% que se le atribuye a la participación del Estado en ISAGEN, sino entre esta y la que se obtendría prestándolos a través de la FDN, ya que, como lo sostiene la Contraloría General de la República (CGR), los recursos productos de la venta “serían otorgados a los inversionistas privados (léase concesionarios) con unas condiciones de crédito flexible” (8) . Y, además advierte la CGR sobre el riesgo de cambiar “un activo productivo” (9) por otro “que tiene una rentabilidad difícil de cuantificar” (10).
Si de lo que se trata es de encontrarle una fuente de financiación alternativa a la capitalización de la FND para financiar la ejecución de los proyectos y de facilitar el cierre financiero de estos, ante el impasse surgido para la materialización de la venta de ISAGEN por las medidas cautelares del Consejo de Estado, la banca ha mostrado su disposición de apostarle a las 4G. En efecto, tanto el Bancolombia como el Grupo Aval han anunciado que cada uno tiene alrededor de 12 billones de pesos y a ellos se sumó Davivienda, que manifestó también tener recursos disponibles por 8 billones de pesos, según su presidente, Efraín Forero (11). Queda entonces desvirtuado que al no venderse a ISAGEN se pone en riesgo la ejecución del paquete de proyectos de las 4G. Además, como lo sugiere Otero, bien se puede recurrir para capitalizar y apalancar a la FDN al crédito externo, en aras de no renunciar a tener este activo, que es estratégico para la Nación, pues de lo contrario, como lo sostiene el Director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional Germán Corredor, el Estado “se quedará sin un back-up en caso de requerir construir una hidroeléctrica para atender una emergencia energética” (12). La conclusión de Otero, con la que coincido plenamente, es que sería un craso error salir de ISAGEN so pretexto de superar el inveterado atraso en la infraestructura vial del país, dado que ello sería renunciar a la capacidad del Estado de intervenir en un momento determinado el mercado eléctrico para corregir sus fallas.
Bogotá, septiembre 1 de 2015
1Comentarios a la Ponencia presentada y sustentada por el doctor Diego Otero Prada, para su ingreso como Miembro de Número de la ACCE
2 Miembro de Número de la ACCE 2
3 El Nuevo Siglo. Julio, 30 de 2013
4 El Universal. Mayo, 13 de 2015
5 Idem
6 Semana. Agosto, 5 de 2013
7 Semana. Agosto, 5 de 2013 3
8 El Tiempo. Mayo, 11 de 2015
9 Idem
10 Idem
11 Portafolio. Junio, 19 de 2015 12
12 El Espectador. Julio, 31 de 2013